La aprobación de la futura Ley de viviendas establece nuevas pautas sobre el mercado del alquiler en el que los inquilinos cobran protagonismo a la hora de defender sus derechos.
Esta nueva Ley de Vivienda entrará en vigor antes del 28 de mayo, fecha de las elecciones municipales y autonómicas. Os dejamos con un breve resumen acerca de las medidas que la protagonizan:
- El año pasado se instauró un tope del 2% en la actualización de alquileres, prorrogada durante este año y que el año que viene establecerá una nueva limitación del 3%. Se espera que, para el 2025, se haya acordado una nueva referencia desvinculada del IPC.
- Se define el término zona tensionada como aquellas en las que la carga media de la hipoteca o del alquiler más los suministros, supera el 30% de los ingresos medios de un hogar o en las que el precio haya subido al menos 3 puntos por encima del IPC en los últimos cinco años. Quedarán establecidas por las CC. AA. y ayuntamientos.
- Los gastos y honorarios inmobiliarios correrán siempre a cargo del arrendador.
- Pasan a considerarse grandes tenedores aquellos propietarios que posean 5 o más inmuebles en áreas tensionadas, sean personas físicas o jurídicas.
- Se establecen nuevas bonificaciones para el alquiler del 50 al 90% de acuerdo a unos parámetros concretos.
- Se eliminan las cláusulas que permitían no aplicar las medidas que contiene la Ley si había un acuerdo entre las partes.
- En todos los casos de desahucio se deberá incluir el día y la hora exacta en los que tendrá lugar.
- Para grandes tenedores, no se admitirá la demanda de desahucio si no se ha sometido a conciliación. De no llegar a acuerdo, los servicios sociales buscarán otro tipo de soluciones y el juez podrá alargar los plazos.
- Para propietarios de 4 o más viviendas: penalización en el IBI de hasta el 50% para viviendas que lleven más de 2 años desocupadas y del 100% para más de 3 años.
- Para los nuevos contratos con el mismo inquilino, no se pueden repercutir los gastos si en el contrato anterior no se hizo.
En COHEBU tenemos productos disponibles que cubren tanto las necesidades de los propietarios como a los arrendatarios; ambos con protección jurídica y la seguridad de poder defender sus derechos respecto a la vivienda.
